Con la implementación del sistema acusatorio en Colombia, que se formalizó con la Ley 906 de 2004, se introdujeron varios cambios importantes en relación con los derechos de la defensa. Este sistema, que adoptó el modelo adversarial, tiene como objetivo mejorar la transparencia, la celeridad y la equidad en los procesos judiciales. Algunos de los cambios clave en cuanto a los derechos de la defensa incluyen:

Derecho a la audiencia pública: A diferencia del sistema anterior, donde las decisiones judiciales se tomaban en su mayoría a puerta cerrada, el sistema acusatorio garantiza que las audiencias sean públicas, lo que permite a la defensa conocer en tiempo real los argumentos de la parte acusadora.

Derecho a la contradicción y la confrontación: La defensa tiene el derecho de contradecir las pruebas presentadas por la acusación y de confrontar a los testigos. Esto aumenta la capacidad de la defensa para desafiar la evidencia y las declaraciones presentadas en el juicio.

Derecho a la información plena: La defensa tiene derecho a conocer de manera anticipada todas las pruebas que serán utilizadas en el juicio, lo que permite preparar una estrategia adecuada y presentar los argumentos correspondientes. Esto mejora la equidad entre las partes.

Principio de presunción de inocencia: En el sistema acusatorio, se refuerza la presunción de inocencia como un principio fundamental, lo que significa que la carga de la prueba recae sobre la acusación. El acusado no tiene la obligación de demostrar su inocencia, sino que es la acusación quien debe demostrar la culpabilidad.

Mayor intervención del defensor: El defensor tiene un rol más activo en todo el proceso, desde la etapa de investigación hasta el juicio. Esto incluye la posibilidad de presentar pruebas, interrogar testigos, impugnar pruebas de la acusación y participar en la toma de decisiones sobre medidas de aseguramiento o detención.

Reducción de la detención preventiva: El sistema acusatorio establece que la detención preventiva debe ser la excepción, no la regla, y solo se puede imponer cuando realmente sea necesario para garantizar la presencia del acusado en el juicio o para evitar la obstrucción de la justicia.

Estos cambios buscan equilibrar los derechos de las partes y asegurar un juicio justo, otorgando a la defensa mayores herramientas para cuestionar las pruebas y argumentar en favor del acusado.